El nuevo estudio del Fondo Mundial de la Naturaleza sobre "la sequía en el Mediterráneo" concluye que la creciente escasez de agua, acelerada por el cambio climático, es una grave amenaza para la prosperidad económica y la diversidad ecológica del Mediterráneo.La organización recomienda una serie de medidas con el fin de paliar los efectos de este problema, ya que puede traer como consecuencia en los países afectados un importante éxodo rural, el colapso de la agricultura y el fin del turismo.
Desafío económico, social y ambiental
El estado de aplicación de las políticas de aguas, como la Directiva Marco de Agua, el Plan azul del Programa Ambiental de las Naciones Unidas y la Estrategia de Barcelona, no ha logrado una mejora en su gestión ni en la de los recursos naturales.
De hecho, datos alarmantes apoyan esta afirmación. De un lado, se ha duplicado la superficie de regadío en los últimos 20 años ?sector responsable de más del 75% del consumo de agua en España. De otro, no se han puesto en marcha planes contra la sobreexplotación de los recursos, o los ya iniciados no han servido para corregir este problema. Sin olvidar que hay más de 500.000 pozos ilegales en nuestro país. Además, en España hay 317 campos de golf (cada uno consume 700.000 m3 al año, equivalente al gasto de 15.000 habitantes). En la práctica, siguen utilizándose viejas fórmulas de gestión del agua que pretenden aumentar la oferta, como embalses y trasvases, aunque no son la solución ante la disminución de las precipitaciones. El incremento de la desalación se considera una panacea, pero sólo ayuda a paliar los síntomas y constituye una herramienta de oferta que no corrige el derroche. La realidad es que el recurso está afectado en calidad y cantidad, lo que es un problema, ya que 30 millones de personas en el Mediterráneo no tienen acceso al agua potable.
Medidas estratégicas
En concreto, implementar correctamente la Directiva Marco del Agua, modificar la legislación para evitar el uso ilegal, fijar tarifas que desincentiven su uso ineficiente, y generalizar la instalación de contadores para medir el consumo de todos los usuarios.
También conviene aplicar fondos de la Política Agraria y del Desarrollo regional a una modernización de regadíos que aumente el caudal de ríos y acuíferos. Incluir en la condicionalidad agraria la obligatoriedad de tener una concesión de aguas para recibir ayudas. Igualmente, se debe prevenir la expansión del regadío y las nuevas urbanizaciones en zonas en las que no exista garantía de suministros de agua o se afecte a los ecosistemas acuáticos. De igual forma, debe realizarse una completa evaluación ambiental de todas las nuevas infraestructuras, incluyendo un exhaustivo análisis coste-beneficio.
Por último, otra medida urgente es fortalecer a los ecosistemas acuáticos frente a la sobreexplotación y el cambio climático, emprendiendo su restauración, asegurando su caudal ecológico y previniendo su deterioro mediante las correspondientes sanciones.
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